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Ideas para el futuro Relaciones Internacionales

Relaciones República Popular China-Argentina: la cuestión Taiwán

Por: Carolina Perez Quiroga

La cuestión taiwanesa pareciera ser uno de los ejes rectores de la política exterior de la República Popular China (RPC). De hecho, el reclamo “una sola China” consiste en la existencia de una autentica China y en la unificación de esta. Esta demanda, luego, es apropiada por la RPC de modo tal que el reclamo se centra en la legitimidad de este país como la auténtica China. Siguiendo la teoría de la Escuela Inglesa de las Relaciones Internacionales (Bull, [1977]2012), esta política puede ser vista como una norma fundamental para la política exterior de la RPC y para la socialización con los demás países. Este conflicto se encuentra latente desde hace décadas y, esporádicamente, las chispas se encienden. Históricamente, la Argentina ha tomado una postura de no intervención respecto de los asuntos internos de los estados. Si bien la Argentina no es un factor determinante en este conflicto, dependiendo del curso de acción que tome se podría ver perjudicada geopolítica y económicamente, por ejemplo, con los acuerdos ligados a la ruta marítima de la seda o la renovación del Acuerdo de SWAP e incluso perjudicarlos acuerdos para sanear la deuda con Estados Unidos. 

Inicio del Conflicto 

El conflicto comenzó luego de la Segunda Guerra Mundial cuando Japón pierde una isla la cual pasa a ser gobernada por China con el consentimiento de Estados Unidos y Reino Unido. Mientras tanto, en 1927 acontece la guerra civil china entre los comunistas y los republicanos nacionalistas. Cuando los segundos son derrotados y se establece la República Popular China, una gran proporción de militantes, incluido su líder, escapan a Taiwán donde instauran la Republica China. Dado el contexto internacional, una amplia cantidad de países reconocieron a la segunda República como legítima. Ahora bien, en 1979, çEstados Unidos cambia formalmente su postura respecto a esta cuestión posicionándose del lado de Mao con el objetivo de explotar la rivalidad chino-soviética en el contexto de la Guerra Fría. Sin embargo, informalmente, continuaba siendo el principal aliado de la Republica China. Desde ese momento en adelante, el apoyo por parte de los países a Taiwán entró en declive. Hasta la fecha solo 15 países reconocen a la República China como la auténtica China. Si bien la meta “una sola China” es perseguida por ambas partes, esta pareciera haber sido apropiada por la República Popular China quien obtuvo la posibilidad de representar a China en la Organización de las Naciones Unidas. 

Los vínculos Argentina-RPC

En sus comienzos, la postura de la República Argentina fue ambivalente, al igual que la de la gran mayoría de países que se encontraban en su posición. En un primer momento, la Argentina se abstuvo a la Resolución 2.758, la cual lidiaba con la “Restauración de los derechos legítimos de la República Popular de China en las Naciones Unidas”. No obstante, en 1972, finalmente, la Argentina reconoció a la República Popular China. Aun así, el mero reconocimiento diplomático no fue suficiente. Es por esta razón que tanto la República Popular China como la Republica China intentan asegurar el apoyo de los países por medio de la provisión de asistencia para el desarrollo económico (Maggiorelli, 2020). En ese sentido, las relaciones económico-comérciales entre la República Popular China y la Argentina se han intensificado dado que el primer país no solo compra materias primas provenientes de actividades primario-extractivas, sino que también hace grandes desembolsos en IED. Slipak (2014) destaca que esta situación también se puede observar con los países del Cono Sur salvo con Paraguay, porque no reconoce a la Republica Popular como la auténtica China.  

Los vínculos que establece la Republica Popular con nuestro país no solo están ligados a cuestiones económicas, sino que también están estrechamente relacionados a la cuestión Malvinas. En vez de tomar el principio de autodeterminación de los pueblos, la Argentina se ampara en el principio de la integridad territorial el cual implica la abstención de la “amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado, o de cualquier otra manera incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas” (art 2, UN). Aplicándolo al caso taiwanés y siguiendo a Oviedo (2015) y a Cinti (2018), la Argentina entendió que el conflicto lo debía resolver la Republica Popular en su ámbito doméstico sin la intervención de organismos internacionales. De este modo, la Argentina obtendría el apoyo que busca y necesita para resolver el problema de Malvinas. No es menor que la RPC posea el poder de veto en el Consejo de Seguridad.  

 A su vez resulta imperativo considerar la importancia de las relaciones entre la Argentina y Estados Unidos. Escudé en Realismo Periferico (1992) plantea que “la política exterior de un tal país debe tener […] el perfil más bajo posible en todos aquellos temas en que la política del país se contrapone con la de las potencias dominantes, y debe adaptar sus objetivos políticos a los de la potencia dominante en su región” (p. 45). Siguiendo a Escudé, la política exterior argentina se debería alinear con la de Estados Unidos no solo por su poderío militar que justifica su rol de hegemón regional sino también por los problemas económicos que afligen a la Argentina ligados al histórico mecanismo de toma de deuda. Sin embargo, tomar esta decisión implicaría poner en riesgo al principal socio comercial de la República Argentina: la República Popular China. En ese sentido el país del sur se encuentra en una encrucijada. Si se posiciona fuertemente a favor de la República Popular, sufrirá la política reaccionaria de la RPC sabiendo que este es un comportamiento natural que ya ha sido utilizado con otros países. Ahora bien, si se posiciona enérgicamente a favor de la RPC, Estados Unidos podría dificultar el acceso de la Argentina al crédito internacional.

La búsqueda de un punto medio 

Resulta evidente que tanto la Argentina como la República Popular China comparten un interés político, estratégico y económico que se demuestra en los desembolsos de IED. Es por esta razón que la Argentina, históricamente, priorizó la relación con la Republica Popular debido al papel que ejerce este país en la contienda por la hegemonía global. Si bien es posible que nos encontremos en una encrucijada con una potencia en ascenso que posee un nacionalismo feroz (Schweller, R. L, 2014), es clave tener en mente las oportunidades que tenemos dada nuestra posición geográfica y nuestra relación con la Republica Popular para utilizar ambas como un recurso de poder en las negociaciones con Estados Unidos para obtener el financiamiento que necesita la Argentina. Es por ello que no debemos posicionarnos con vehemencia a favor de la República Popular China contra la Republica China. 

Bibliografía

  • Bull, H. (2012). The anarchical society: a study of order in world politics. Bloomsbury Publishing.
  • Cinti, F. (2018). ¿Una política de Estado? La política exterior argentina (1999-2017) hacia la República Popular China analizada desde la alternancia política.
  • Escude, Carlos, El realismo periférico: fundamentos para la nueva política exterior argentina, Buenos Aires, Planeta, 1992.
  • Maggiorelli, L. (2020). La cooperación internacional de China en el marco de la política de “una sola China” en América Latina y el Caribe. Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, 2(7), 139-162.
  • Oviedo, E. D. (2015). El ascenso de China y sus efectos en la relación con Argentina. Estudios internacionales (Santiago), 47(180), 67-90.
  • Schweller, R. L. (2014). China’s aspirations and the clash of nationalisms in East Asia: A neoclassical realist examination. International Journal of Korean Unification Studies, 23(2), 1-40.
  • Slipak, A. M. (2014). América Latina y China: ¿cooperación sur-sur o Consenso de Beijing?
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Ideas para el futuro Relaciones Internacionales

Argentina frente al crimen organizado en la Triple Frontera

Por: Zoe Paz

En el marco del proceso de globalización, las fronteras se convierten en puntos de interconexión donde las organizaciones criminales han encontrado un contexto favorable para consolidar importantes estructuras con actividades transnacionales y en donde el control estatal es completamente desafiado (Garzón & Avellaneda, 2018). Tras el fin de la Guerra Fría,  Latinoamérica se convirtió en una de las regiones más violentas del mundo por el incremento de actividades delictivas como: crimen organizado transnacional (COT). El COT es una forma de amenaza internacional que se corresponde a las llamadas zonas grises entre los conflictos de alta / baja intensidad. 

En este sentido, la seguridad ciudadana se convierte en el principal problema que aqueja al país, dada la impunidad al interior del aparato judicial y su inasistencia en las zonas más afectadas por el crimen (Ceballos, 2018). El COT responde a una lógica de retroalimentación donde el contrabando y lavado de dinero se destacan por ser las herramientas para el aumento de otros delictos  (Garzón & Avellaneda, 2018). Su presencia indica problemas de gobernabilidad, es decir, indica un vacio de poder del Estado, o bien una debilidad institucional para controlar su territorio (Yunan, 2020). 

Un ejemplo es la Triple Frontera (TF) de Argentina-Brasil-Paraguay, escenario donde confluyen el terrorismo, mafias, tráficos, etc., y conlleva a caracterizar esta región como una de las mayores economías ilegales del hemisferio occidental (Garzón & Avellaneda, 2018). La TF abarca una superficie de unos 2.500 Km con y comprende las ciudades de Foz de Iguazú (Brasil), Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina). Estas ciudades comienzan a cobrar importancia dado su vigoroso crecimiento ligado a tres importantes obras de infraestructura: el puente internacional de la Amistad, el puente internacional Tancredo Neves y la represa hidroeléctrica de Itaipú (Ceballos, 2018). 

Adicionalmente, la TF es un corredor geopolítico que beneficia a grandes bloques económicos como el Mercosur, en el que confluyen los países latinos en sus relaciones comerciales. Es decir, las dinámicas de crimen organizado transnacional que se presentan en esta región constituyen una amenaza para la seguridad y el comercio de Latinoamérica. Debilitan y repercuten en los flujos comerciales establecidos en la región. 

InSight Crime destaca tres tipos de actores: los extranjeros, como el grupo terrorista libanés Hezbollah vinculado a Irán (que colabora con varias mafias); los actores criminales del Estado, redes criminales que operan dentro del gobierno de un país y que tienen relación directa con actores de los NOC o FOC; y los nacionales que se originan en el país de análisis y tienen capacidad internacional, como el Comando Vermelho de Brasil o mafias de Argentina. 

Mafias Argentinas

Estas organizaciones son las encargadas de desarrollar los negocios para la provisión, tráfico y posterior venta al menudeo en los mercados argentinos. se encargan de los grandes cargamentos que son introducidos en Argentina desde Bolivia o Paraguay por vía aérea a través de las denominadas «lluvias blancas» (Prado, 2016)

En Argentina, las organizaciones criminales adoptan una estructura más pequeña pero igual de peligrosa; no se habla de grandes carteles, sino de “clanes familiares”. Estos son el germen del crimen de la región. Son estructuras autóctonas con un alcance loca. La mayoría de estos clanes circunscriben su accionar a la zona en la cual tienen cierto control sobre la comunidad, e incluso sobre las autoridades permitienoles ejercer un alto nivel de fiscalización (Yunan, 2020). 

Los clanes familiares han modelado el mapa criminal en Argentina. Pero la expansión del mercado de consumo de estupefacientes, la corrupción carcelaria y la falta de coordinación entre autoridades para enfrentar estos grupos están creando el ecosistema perfecto para su prosperar (Salomón, 2019).  Los clanes argentinos  comienzan a desarrollar su labor criminal con actividades básicas, como el narcomenudeo, para luego expandirse incorporando el lavado de activos, el contrabando y la trata y tráfico de personas. A medida que el negocio crece, los clanes comienzan a construir “alianzas” con fuerzas policiales y judiciales para asegurarse la impunidad, pero también tejen redes con el poder político local (SAMPÓ & QUIRÓS, 2018)

La ciudad de Rosario, ubicada sobre el rio Paraná, es considerada como la meca de este fenómeno. Este territorio en la zona de guerra por el control territorial entre unos cuantos clanes familiares. Una de las más prominentes es el Clan de la familia Cantero, que dirigen la organización Los Monos, y a su vez se disputaban contra el Clan Bassi por el mercado de estupefacientes. Una vez que estos fueron apresados, la tasa de homicidios cae, al igual que una gran cantidad de políticas y jueces (Salomón, 2019)

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) identifica a Misiones como el área principal de reclutamiento. De allí las chicas son llevadas para ser explotadas en prostíbulos de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego (Zsögön, 2013).

Por otro lado, la provincia que está más infectada con estos clanes es Corrientes. En cuanto a Córdoba, una nueva modalidad de trata temporal —conocida como trata exprés, que se basa en la desaparición temporal de las víctimas, que luego de un breve periodo son restablecidas a sus lugares de origen, para luego ser captadas y tratadas nuevamente. — denota vinculación directa con el narcotráfico al captar mujeres adictas para ser utilizadas con fines de explotación sexual (SAMPÓ & QUIRÓS, 2018). Uno de las accionares criminales que afectan a Argentina de manera mas directa es el secuestro y trata de personas. La TF es una ruta de tráfico internacional de seres humanos: niños, niñas y adolescentes son vulnerables al reclutamiento para explotación sexual comercial. Los principales destinos son Argentina y España. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) identifica a Misiones como el área principal de reclutamiento sexual. De allí las chicas son llevadas para ser explotadas en prostíbulos de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.

Por otro lado,  la zona también funciona como guarida para los grupos terroristas donde las actuaciones en los atentados ocurridos en Argentina durante los años noventa han comenzado, según dictámenes firmados por la Unidad Fiscal de Investigación AMIA, en la Triple Frontera.

Accionar Argentino

En los informes anuales que elabora el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Argentina fue calificada como uno de los “principales países proveedores de precursores químicos” susceptibles de ser utilizados en la fabricación ilícita de drogas. Adicionalmente, fue incluido en el grupo de “principales países de lavado de dinero” en los informes publicados en los años 1996, 2013, 2014 y 2015. 

En el ambito bilateral, con Bolivia se firmo un convenio para reforzar los controles en zonas fronterizas; con México, a fin de reforzar la cooperación en torno al intercambio de información; y otro Brasil para fortalecer la cooperación y mejorar el intercambio de información sobre criminalidad organizada transnacional.  

En el ámbito multilateral, el gobierno argentino en 2018 se comprometió a crear una “task force” contra el crimen internacional y el narcotráfico para el Noreste argentino, en conjunto con analistas de inteligencia de la DEA (Administración de Control de Drogas, agencia estadounidense), quienes capacitaron a un grupo de efectivos de la policía de Misiones y de fuerzas federales para seguir de cerca los movimientos de las bandas criminales. Argentina forma parte de convenios multilaterales de cooperación que configuran herramientas útiles para la persecución de grupos criminales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. También se lanzó el Europa-Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional. Si bien hay una serie de convenios, operaciones y acuerdos en la lucha contra la ilegalidad, la contrainsurgencia sabía entorpecía por la poca cooperación por parte de los gobiernos argentino, brasilero y paraguayo. En el caso de Argentina, el juzgado federal de primera instancia que tiene competencia en la TP es El Dorado, hasta tanto no se habilite el Juzgado Federal de Puerto Iguazú. En el primer cuatrimestre de 2022, hubo 27.000 causas en la secretaría de ejecuciones fiscales, 13.000 causas en la secretaria penal y 10.000 causas en la secretaría civil siendo el plantel técnico de 22 personas. Además, el secuestro en los tres primeros meses fue de más de 45 toneladas de marihuana, de 10.000 pastillas de MDMA, de 180 kilogramos de cocaína, de 335 millones de pesos en mercadería en infracción al código aduanero. Todo ese caudal de causas es gestionada por una estructura que se diseñó y planificó para una realidad de 1985 (La voz de misiones, 2022). 

Conclusión

Las nuevas amenazas que aquejan a los Estados son transnacionales, superan las fronteras de los mismos. Ningún país puede garantizar protección infalible por sí solo. Esto hace indispensable establecer una cooperación regional para eliminar el problema del territorio y no generar el “efecto cucaracha”. Esto último sucede cuando un Estado, de manera unilateral, aumenta su fuerza contra el crimen organizado haciendo que estos últimos se vean obligados a relocalizarse.

No obstante, los esfuerzos se han visto obstaculizados por la corrupción endémica dentro de la policía, los sistemas de justicia penal y los gobiernos de estos países parte. Las redes de corrupción son las que facilitan y posibilitan el accionar de las organizaciones criminales (SAMPÓ & QUIRÓS, 2018). Entre los problemas también se encuentra un salario y nivel de capacitación deficiente, falta de equipo y financiamiento, técnicas de aplicación de la ley y códigos penales inadecuados, abusos de Derechos Humanos y falta de leyes contra el blanqueo de dinero débiles y su aplicación. 

La Triple Frontera se ha convertido en una zona geográfica de gran importancia geopolítica y geoestratégica para el crimen organizado trasnacional, debido a la facilidad con la que estos grupos crean sus redes criminales a lo largo de toda la región, donde adicionalmente se favorecen las actividades ilícitas por la informalidad en el empleo de las ciudades fronterizas y el número de personas que allí habitan. Es por ello que el accionar de los Estados parte es de gran relevancia a la hora de la lucha contra el crimen organizado. 

Es necesaria una mejora continua de las capacidades de enjuiciamiento de los tres países involucrados en el crimen organizado y el crimen financiero, así como de la capacidad policial para responder a los incidentes armados. Se precisa ir más allá de acuerdos bilaterales aislados y tomar el problema desde bloques regionales. El problema de la existencia del COT no afecta solo a Argentina, Brasil y Paraguay, sino que también a sus vecinos. la región es mucho más que criminalidad y corrupción, es también turismo familiar, es naturaleza, es el medio que no rechaza sino que incentiva a los países en vías de desarrollo a salir de la pobreza, la desigualdad y de economías poco estables. Es ir por el camino del desarrollo, no de transitar por la marginación hacia la ilegalidad y, lo más importante, la Triple Frontera es un indicador de recursos naturales por preservar.

Bibliografía

Ceballos, G. C. (2018). El crimen organizado transnacional como una amenaza híbrida para la Triple Frontera (Argentina, Paraguay y Brasil). Revista Científica General José María Córdova, 43-61

Garzón, C. A., & Avellaneda, D. A. (2018). Características y desafíos del crimen organizado transnacional en la Triple Frontera: Argentina-Paraguay-Brasil. Criminalidad, 9-28.

InSight Crime. (26 de enero de 2021). InSight Crime. Recuperado el 06 de 09 de 2022, de https://es.insightcrime.org/sin-categorizar/crimen-organizado-transnacional-triangulo-norte-triple-frontera-latinoamerica/ 

Prado, J. C. (2016). Crimen organizado: la frontera boliviano-argentina. Nueva Sociedad, 120-130.

Salomón, J. (22 de abril de 2019). InSight Crime. Recuperado el 08 de junio de 2021, de https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/lazos-de-sangre-y-clanes-familiares-conforman-hampa-en-argentina/ 

SAMPÓ, C., & QUIRÓS, L. (2018). Las estructuras criminales en Argentina y las iniciativas de cooperación estatal para combatir su avance. Revista SAAP, 337-358.

Yunan, S. (2020). Instituto de Relaciones Internacionales. ¿Las políticas públicas llevadas a cabo en Argentina durante el siglo XXI son eficientes para erradicar el crimen organizado? La Plata.

Zsögön, M. C. (2013). EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL EN LA TRIPLE FRONTERA ENTRE ARGENTINA, BRASIL Y PARAGUAY. Revista do Centro de Educação e Letras, 110-128.

La voz de misiones. (16 de 05 de 2022). Juez Federal alertó sobre avance del crimen organizado en la Triple Frontera. Obtenido de La voz de misiones: https://www.lavozdemisiones.com/provinciales/juez-federal-alerto-sobre-avance-del-crimen-organizado-en-la-triple-frontera/

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Desarrollo Económico e Innovación Observatorio

Mercosur: integración necesaria

Por: Ezequiel Potap

El MERCOSUR es un proceso de integración regional que abarca a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Nacido en el tratado de asunción en 1991, enarboló hasta mediados de los 2000, la bandera de la integración regional en el continente sudamericano.

Su integración se estancó en una unión aduanera incompleta, esquivando un crecimiento que abarque diferentes temáticas, en las cuales los países son sumamente interdependientes. Los motivos de ese congelamiento, que ha dejado en estado crítico a la Unión, se pueden deber a diferentes factores, donde resalta sobre todo el político. ¿Pero es solo esto lo que interfiere en el fortalecimiento de la integración?

La respuesta es no. En una primera instancia es importante hacer una comparación con otros procesos de integración regional, como los es ASEAN. La ausencia de éxito político del MERCOSUR es multifactorial, no es un yugo directo de una contraposición ideológica entre los presidentes de turno, sino también en la falta de un enemigo común. En el caso de la ASEAN, desde sus inicios hasta hoy, se pretendió siempre desligarse de los imperialismos, tanto regionales (China), como extracontinentales (EEUU).

La historia cumple un rol fundamental explicándonos este tipo de fenómenos que padecemos hoy día. En el caso latinoamericano no hay una amenaza externa a la seguridad del continente y tampoco hay una nación claramente preponderante históricamente que se pueda imponer. Ejemplo de ello, es el impulso que tuvo el sudeste asiático con la convención de países no alineados en Bandung en 1955 y la conformación de la ASEAN en 1965, 26 años antes que el MERCOSUR.

Haciendo a un lado lo político, el aspecto cultural resulta sumamente relevante en la potenciación de la integración y conformación de un bloque regional sólido, que no depende de los vaivenes de la política interna de sus miembros. Es necesario la creación de una noción mercosureña en nuestro país y los integrantes de la Unión a fin de posibilitar una mayor solidez. Ejemplo de ello puede ser visto en la Unión Europea, con la noción europea que se ha logrado instalar.

El aspecto simbólico constituye un pilar para ello. Un ejemplo burdo y quizás no buscado es la patente MERCOSUR para automóviles. Constituyendo una visión hermenéutica, la simbología cotidiana influye en la perspectiva social. En el caso Europeo tenemos la utilización de la bandera de la Unión Europea como símbolo reafirmante de la pertenencia, fortaleciendo de este modo la noción Europea. Tres generaciones de europeos nacieron con una bandera de la Unión Europea en sus edificios públicos.

La verdadera integración, al igual que pasa dentro de países plurinacionales, tiene dos dimensiones fundamentales; la identitaria, condición necesaria para la conformación de una ciudadanía común; y la de infraestructura, donde el factor logístico constituye un factor elemental en la integración. En la actualidad el comercio en el MERCOSUR depende fundamentalmente del transporte por tierra mediante camiones, si bien es un medio utilizado vastamente a lo largo y ancho del mundo, algo que caracteriza unánimemente a la región es su pésima infraestructura vial. Por tanto y entonces, se convierte en algo costoso y tedioso que termina por desalentar el intercambio. Es por ello que es fundamental incentivar otras vías disponibles de uso como las hidrovías y aún más, la intercomunicación ferroviaria.

La hidrovía constituye un factor clave en el aparataje de costes y a su vez en el volumen de exportaciones, que posibilita la exportación no solo dentro del bloque sino al exterior. Este último punto es fundamental para la región norte de Argentina y Paraguay en general.

Por otro lado se encuentra el sistema ferroviario que ha mostrado su importancia a lo largo del mundo. Dentro del bloque, Argentina cuenta con un sistema ferroviario desarrollado y con una gran potencialidad producto de su pasado y actual renacimiento. La geografía de la frontera (foco del comercio) está caracterizada por un gran flujo fluvial por lo que un sistema ferroviario sería costoso de desarrollar, aunque permitirá eludir las dificultades climáticas que interpelan al transporte fluvial.

Dicha conectividad fomenta ampliamente el crecimiento del volumen de exportaciones internas y externas del bloque en sí, y facilita a regiones lejanas a la costa atlántica a acceder a exportaciones a un menor costo. Ello haría mucho más competitiva la producción regional, permitiéndonos exportar no solo materias primas, sino manufacturas con sello MERCOSUR.

En la actualidad las redes ferroviarias existentes de los países miembros no se encuentran articuladas. Su ampliación facilitaría el intercambio entre las subregiones sudamericanas y abriría puertas a una integración futura. 

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Desarrollo Económico e Innovación Observatorio

Los efectos fiscales de los fondos anticíclicos subnacionales

Por: Ezequiel Jacofsky

El intento de resolver los profundos descalabros macroeconómicos que acucian al país requiere la consideración de dos cuestiones insoslayables: el rol de las políticas contracíclicas y el federalismo fiscal.

Con respecto a lo primero, las políticas macroeconómicas pueden caracterizarse como procíclicas o contracíclicas según si se mueven en tándem con el ciclo económico. Políticas procíclicas son aquellas que inducen el aumento del gasto público con caída de impuestos durante los períodos de crecimiento económico, mientras que acompañan a los períodos de recesión con austeridad y mayor presión impositiva. Si bien este tipo de políticas han abundado entre los países latinoamericanos (Vegh & Vuletin, 2014), sus efectos perniciosos a nivel social y económico, como los señalados por Braun y di Gresia (2003) y McManus y Ozkan (2015), conducen a recomendar la implementación de políticas contracíclicas como condición de posibilidad para el desarrollo a mediano y largo plazo (Ocampo, 2011).

A su vez, en las repúblicas federales como la argentina analizar la política fiscal en particular requiere abordar la cuestión del federalismo. Este componente institucional implica que los gobiernos nacional y subnacionales tienen sus propias fuentes de recursos fiscales autónomas, lo que se complementa con un esquema de distribución y redistribución de recursos desde el Ejecutivo nacional hacia las provincias: la Coparticipación Federal de Impuestos, definida por ley y automática, sumado a las Transferencias No Automáticas (TAN), que son discrecionales. Adicionalmente, ambos niveles de gobierno participan de la ejecución del gasto público: entre los años 2009 y 2020, el promedio del Gasto Público Consolidado total es del 43,4 %, siendo que a Nación le corresponde el 56,1% de dicho gasto y a las provincias y CABA, el 36,3% (Ministerio de Economía, 2022). Entonces, la aplicación de políticas contraciclicas no puede limitarse al ámbito nacional, en tanto que no sólo las provincias ejecutan un tercio del gasto público, sino que, además, este se caracteriza por ser especialmente procíclico (Sturzenegger & Werneck, 2006). Concretamente, políticas contracíclicas nacionales deben ser acompañadas por políticas del mismo tipo a nivel subnacional. 

Los fondos anticíclicos se encuentran entre las principales políticas de carácter contracíclico; tienen ya cierta historia en la Argentina (Braun & Gadano, 2007). En 1999 se sanciona la primera ley sobre responsabilidad fiscal, la Ley 25.152, mismo año en que aparecen los primeros fondos provinciales; no tuvo los efectos esperados producto de la crisis de 2001. Luego, en 2004, se sanciona la Ley 25.917 de Responsabilidad Fiscal, la cual insta tanto al Ejecutivo nacional como a las provincias a crear fondos, recomendaciones que efectivamente siguieron cierto número de gobiernos provinciales. Este tipo de leyes pusieron especial énfasis en las reglas fiscales; una regla fiscal es “una restricción permanente (o duradera) de la política fiscal, que se expresa a través de indicadores de los resultados fiscales” (2007, p.55). Sin embargo, no tuvieron éxito en inducir un ejercicio de la política macroeconómica responsable fiscalmente. La relación entre fondos anticíclicos y resultados fiscales es más profunda y fundamental aún, en tanto que de los resultados fiscales depende si los primeros cumplirán eficazmente con su objetivo estatutario: reducir el impacto socioeconómico de las recesiones por medio de los recursos acumulados en los años de crecimiento. El superávit fiscal sumado al crecimiento económico es una condición necesaria para que existan los excedentes suficientes que habiliten recursos a ser destinados al fondo; de lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un instrumento procíclico (Gadano, 2003).

De este modo, la cuestión que aborda este artículo es la relación entre los fondos anticíclicos subnacionales y el equilibrio fiscal. Concretamente, cabe preguntarse si son suficientes dichos fondos para inducir el equilibrio que requieren para ser eficaces o si, por el contrario, los fondos por si solos son insuficientes. La expectativa es que la creación de fondos anticíclicos subnacionales produzca un mayor equilibrio fiscal provincial, lo que se observa con el resultado financiero de cada provincia; se prestará atención a si el balance entre sus ingresos y gastos totales fue deficitario o superavitario. Para contrastar este argumento se analizarán provincias que varían en su tamaño poblacional, partidos oficialistas y estructuras productivas. Con el fin de considerar el total de gastos estatales, se tomará en cuenta el resultado financiero -y no el resultado primario-: a su vez, se considerará la Administración Central y Organismos Descentralizados, y no la Administración Pública No Financiera, por una cuestión de disponibilidad de datos.

La Ciudad de Buenos Aires creó su fondo anticíclico en diciembre de 2003 por medio del Decreto Nº 2.368/03. Para 2005, dicho fondo acumulaba $418,6 millones; no se publicaron datos al respecto en los presupuestos anuales de los años previos ni subsecuentes (Uña & Bertello, 2007). Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados financieros desde 2003 en adelante? Al finalizar dicho año, la Ciudad tenía un resultado financiero positivo de $401 millones. Un año más tarde, el resultado financiero ascendía a $804 millones, el cual descendió luego a $405 millones en 2005. No se registró un resultado financiero negativo sino hasta 2006, donde este fue de -611$ millones, y no tuvo un nuevo resultado positivo hasta 2010.

 Mendoza es otra provincia que muestra buenos resultados fiscales tras la implementación del fondo, constituido a través de la ley N° 7314 de “Adhesión a la Ley Nacional N° 25917”, entrando en vigor en 2005. Este pasó de $165 millones en 2007 a $877 mil en 2016 (Vega et al., 2018). Durante ese período, los años 2006 y 2008 cerraron con un resultado financiero positivo -$276 millones y $100 millones, respectivamente-, mientras que 2007 tuvo un cuarto trimestre negativo tras tres trimestres positivos. Esta tendencia se quiebra en 2009, año que acaba con un resultado negativo de -$558 millones, coincidiendo con la primera gran caída de los recursos del fondo anticíclico, reduciéndose de $146 millones en 2008 a $38 millones, tras la caída de la recaudación provincial. El fondo no percibió incrementos en sus recursos desde entonces, lo que se condice con años sucesivos con resultados financieros negativos, que van desde -$59 millones en 2010 hasta -$3.882 millones en 2015.

Otras provincias que adhirieron a la Ley de Responsabilidad Fiscal y crearon sus propios fondos fueron Córdoba y San Juan. La primera de estas, cuyo fondo fue constituido en agosto de 2004 a través de la Ley 9.175, consiguió un resultado financiero positivo en 2004, 2005 y 2006, para luego incurrir en déficit en todos los años hasta 2010, cuando obtuvo un resultado de $1.135 millones, solo para volver a caer en 2011. Por su parte, San Juan creó su fondo en diciembre de 2004 con la Ley 7.567 y contó con resultados financieros positivos todos los años siguientes hasta 2021.

Hasta aquí, la experiencia de las provincias mencionadas muestra que la implementación de fondos anticíclicos se correlaciona con un equilibrio fiscal en el corto plazo, pero no en el mediano o largo plazo, salvo por el caso sanjuanino. El fondo de CABA fue creado en 2003 mientras que el resto fueron creados por impulso de la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2004, por lo que podrían existir factores contextuales políticos o económicos que explican los resultados fiscales, implicando que su relación con los fondos anticíclicos es espuria. Por lo tanto, es pertinente evaluar los resultados fiscales de otras tres provincias, Río Negro, Formosa y Misiones, todas las cuales implementaron fondos entre 1999 y 2001 (Cetrángolo et al., 2002).

Río Negro constituyó el suyo en febrero de 2001 por medio de la Ley 3.502, año que acabo con un resultado financiero negativo; fue positivo en todos los años del período 2002-2007, siendo negativo, nuevamente, en 2008. Formosa creó su fondo en diciembre de 1999 con la Ley 1.298 y presentó resultados financieros negativos en 2001 y 2002; desde 2003 el resultado es positivo, lo que no se revierte hasta 2019. Finalmente, Misiones creó su fondo por medio de la Ley VII – Nº 37 en mayo del 2000, año que acaba con un resultado financiero negativo, al igual que el año 2001; solo desde 2003 se visualiza un resultado positivo sostenido hasta 2006. Estos últimos casos muestran una relación aún menos clara entre fondos anticíclicos y equilibrio fiscal. Si bien estas provincias obtuvieron resultados superavitarios durante cierto tiempo, y, en ocasiones, por períodos bastante extendidos, no fueron inmediatos.

Siguiendo el panorama trazado puede observarse una tenue correlación entre la institución de fondos anticíclicos y equilibrio fiscal en el corto plazo, como muestran CABA, Mendoza, Córdoba y San Juan, con esta última obteniendo equilibrio en el largo plazo. No obstante, el hecho de que en las primeras tres provincias este se haya roto en los años sucesivos muestra que los fondos anticíclicos no son una herramienta suficiente para inducir prudencia y austeridad en las cuentas provinciales de forma sostenida. Esto se ve reforzado si consideramos a las provincias que implementaron fondos antes de 2001, las cuales ni siquiera consiguieron equilibrio fiscal en los años inmediatos posteriores a la creación de los fondos. 

La insuficiencia de este tipo de política contracíclica como mecanismo de estabilización fiscal obliga a preguntarse cómo puede complementarse para propiciar dicha estabilización. Al respecto, no solo es necesario compromiso político para con el ejercicio responsable de la política fiscal, el cual es más complicado de conseguir en un país con vaivenes económicos constantes, sino que también debe atenderse el diseño institucional de las políticas contracíclicas. Siendo más específico, debe tenerse muy en cuenta, por ejemplo, el grado de discrecionalidad con el que cuenta el Poder Ejecutivo para disponer de los recursos del fondo, las cantidades máxima y mínima de dinero que puede contener el fondo, la claridad con la que se definen los momentos en que puede legítima y legalmente utilizar dicho dinero o la capacidad de enforcement de la autoridad encargada de monitorear su utilización. En síntesis, las políticas contracíclicas como los fondos anticíclicos sin más son insuficientes para conducir hacia un escenario de mayor estabilidad macroeconómica y menor volatilidad del ciclo económico. Más bien, se necesita poner especial atención tanto al contexto socioeconómico en el cual se implementan este tipo de políticas, así como, y esto es fundamental, a su diseño institucional.

BIBLIOGRAFÍA

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Braun M. & Gadano, N. (2007). ¿Para qué sirven las reglas fiscales? Un análisis crítico de la experiencia argentina. Revista CEPAL, 91, 53–65. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/11170?locale-attribute=en

Cetrángolo, O., Jiménez, J.P., Devoto, F. & Vega, D. (2002). Las finanzas públicas provinciales: situación actual y perspectivas. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4835/1/S0210823_es.pdf

Dirección de Análisis de Política Fiscal y de Ingresos. Ministerio de Economía. (2022). Gasto Público Consolidado 2009-2020 por Finalidad y Funciónhttps://www.argentina.gob.ar/economia/politicaeconomica/informe-gasto-publico-consolidado-2009-2020 

Dirección Nacional de Asuntos Provinciales. Ministerio de Economía. (2021). Ejecución Presupuestaria Provincial. https://www.economia.gob.ar/dnap/ejecuciones.html 

Gadano, N. (2003). Rompiendo las reglas: Argentina y la Ley de Responsabilidad Fiscal. Desarrollo Económico, 43(170), 231–263. https://doi.org/10.2307/3455822

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Ideas para el futuro Relaciones Internacionales

La situación energética local agravada por la invasión rusa a Ucrania

Por: Santiago Geoghegan

Panorama mundial

La invasión del ejército ruso a Ucrania ha traído graves consecuencias a nivel mundial de todo tipo, desde la violación de los derechos humanos más esenciales hasta la ruptura del orden político y económico global.  Uno de los quiebres más relevantes del sistema económico tiene como principal protagonista al sector energético. Esto se debe a que Rusia es uno de los mayores productores y exportadores de petróleo y gas natural del mundo. Para ser exactos, se encuentra en el tercer lugar como máximo productor de petróleo, por debajo de Estados Unidos y Arabia Saudita; segundo como el país con mayor producción de gas natural; y el primero como exportador de este último (Agencia Internacional de Energía [EIA], 2022). 

Los países europeos fueron los primeros en poner este hecho en el seno de las alertas mundiales, no sólo porque el conflicto traería consecuencias humanas y políticas devastadoras a nivel global, sino que la mayoría de estos son energéticamente dependientes del país ruso. En este sentido, en el 2021 el 80% de la matriz energética mundial estaba compuesta por el carbón (27%), petróleo (29%) y gas natural (24%) (Enerdata, 2022).

Es importante detallar esto, ya que, como mostraremos más adelante, las diferentes restricciones económicas impuestas a Rusia para despojarlo del sistema económico trajo como resultado la fuerte suba de los precios en los commodities y productos primarios.

El salto sin retorno

Ante la amenaza del Gobierno ruso de cortar los suministros de gas y petróleo a importantes países de la Unión Europea por oponerse a la invasión, los precios energéticos se dispararon por los aires, lo que derivó que en marzo el precio del gas natural aumentará un 144% (Bloomberg,  Marzo 2022). En el caso del petróleo crudo Brent, tuvo su pico más alto superando los 122 dólares por barril en junio de este año, representando un aumento del 74% respecto al precio promedio del año pasado (Statista, 2022). 

Este tipo de subas golpean directamente a la Industria y al desarrollo económico, debido a que el sistema energético es la base de la vida industrial a nivel mundial. Y que, en este punto, las consecuencias de la invasión y el cese de las exportaciones rusas a Europa han sido protagonistas del desequilibrio energético (luego de la pandemia por COVID-19). Según Statistical Review of World Energy realizado por BP, el 37% del gas utilizado por la Unión Europea proviene de Rusia, el 20% del carbón, y el 25% en 2021 (Statistical Review of World Energy, 2022).

Sabiendo que el 40% del gas natural en Europa proviene de Rusia, y el 25% del petróleo, el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, sostuvo en el foro global de energía en Sidney que “el mundo nunca ha sido testigo de una crisis energética tan grande en términos de su profundidad y complejidad”, agregando que “esta es una gran preocupación, y esto puede tener serias implicaciones para la economía global”. Es de suma importancia mencionar que los costos de la matriz energética puede generar un peso importante en las variaciones inflacionarias de los distintos países del mundo. En palabras de Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, “La energía ha sido el factor principal detrás del fuerte aumento de la inflación general de los precios al consumidor en la zona del euro”, sosteniendo que “entre abril y diciembre de 2021, la energía contribuyó, en promedio, más del 50% a la inflación medida por el IAPC” (Periódico de la Energía, 2022). 

Como vemos, las consecuencias derivadas de la invasión de Rusia a Ucrania afectan a gran parte del mundo, más a aquellos países que se oponen a esta maniobra ilegal y armada por parte del país invasor. Los mismos sufren un ajuste monumental en sus importaciones, generando así el alza de precios, debido a las alzas tarifarias del transporte y la producción, sumado a los efectos dramáticos de una economía recién salida de una crisis sanitaria como fue la del COVID-19.

Turbulencias argentinas

Si el mundo entró en una crisis inflacionaria y productiva, Argentina no iba a ser la excepción a la regla. La pregunta que intentaremos responder es la siguiente: ¿Cómo afecta la crisis energética mundial a la Argentina?

El mercado energético local posee en su seno a los hidrocarburos como la principal fuente energética del país, contemplando a fines del 2020 el 61% de la producción total. Esto quiere decir que, las subas de precios mundiales en este tipo de bienes primarios pueden causar ajustes en la economía local, lo cual fue lo que ocurrió y viene ocurriendo durante los últimos meses. El proceso inflacionario que atraviesa nuestro país es el más severo de los últimos treinta años, con una inflación proyectada superando los tres dígitos para fines de este año. Es relevante destacar esto, pues los precios de productos como alimentos, electrodomésticos, indumentaria y rodados están directamente condicionados por los precios provenientes del sector energético, ya que sin energía, la industria no funciona. Datos recientes publicados por el INDEC del mes de julio, muestran que la variación porcentual mensual en los precios de petróleo y gas comparados con el mismo mes del año pasado fue de casi el 50%, 48.6% para ser exactos, mientras que los derivados del petróleo variaron un 66% (INDEC, 2022). 

La principal causa de la abrupta subida en los precios de los hidrocarburos es que la producción local no puede cubrir la totalidad de demanda que requiere el mercado. La falta de inversiones durante reiterados años por problemas económicos y políticos llevaron al deterioro paulatino de la matriz energética productiva, teniendo así efectos negativos de insuficiencia, no llegando a un equilibrio entre oferta y demanda, lo que produce la dependencia internacional en el sector. Esto último refiere directamente a la posición Argentina dentro del mercado mundial de hidrocarburos, que con su dependencia atrae, en situación de crisis mundial, la salida extrema de dólares, desgastando la balanza comercial, para cubrir parte de la demanda. 

Según datos oficiales de IEA, el precio promedio de las compras del año 2022 fue de 28.82 USD/MMbtu mientras que en 2021 y 2020 fue de 8.33 y 2.96 USD/MMbtu respectivamente. Hablamos de una variación del 246.98% y 872.97% del precio. Las compras de GNL al mes de julio totalizan USD 2,884 millones por 41 cargamentos, cuando el año pasado se invirtieron USD 1100 millones por una cantidad algo inferior. Como consecuencia del deterioro de la producción, y la falta de respuesta a la demanda, agravado por el alza en los precios debido a la Guerra entre Rusia y Ucrania, la balanza comercial energética acumulada a junio de este año se encuentra 750% por debajo de la misma el año pasado. (Instituto Argentino de la Energía, 2022)

Crisis energética

La invasión rusa trajo desestabilidad económica, política y social a un mundo golpeado por una crisis sanitaria histórica. Las consecuencias de las decisiones del país ruso pusieron en jaque a la economía energética mundial y, así, al desarrollo productivo y a las industrias, debido a que sin un sector energético estable, no hay estructura económica viable.

La dependencia energética local ante la falta de respuestas de los distintos gobiernos en temas de inversión y acompañamiento para la mejora del sistema productivo e industrial puede fuertemente agravarse ante situaciones de crisis políticas profundas en el plano internacional. Esto afecta a toda la población local, llevando al desarrollo económico a niveles mínimos históricos, acompañados de una fuerte inflación por ajustes en los precios internacionales de los bienes primarios. Las cuentas fiscales si antes ya se encontraban en un desequilibrio monumental, gracias al alza de los precios energéticos, y sus consecuencias, ahora se hallan en un barril sin fondo sin soluciones.

Si bien ya los problemas estacionales energéticos locales se están disolviendo con el fin del invierno, no hay respuestas políticas y de carácter económicas para paliar el problema el año siguiente. Para que esto suceda, la matriz energética debe cambiar 180 grados y destinar su rumbo no a la dependencia internacional, sino al mejoramiento de la estructura económica que puedan atraer las suficientes inversiones como para generar estabilidad en el mercado local, y dar respuesta a las demandas del consumidor.

Bibliografía

Fernández, R. (9 de agosto de 2022). Precio medio anual del petróleo crudo Brent”. Statista. https://es.statista.com/estadisticas/635116/precio-medio-anual-del-petroleo-crudo-brent/

“Energía y clima mundial-Anuario Estadístico 2022”. Enerdata, 2022.

https://datos.enerdata.net/gas-natural/consumo-mundial.html

Roca, R. (11 de enero de 2022). “El BCE advierte que los altos precios de la energía generarán mayor inflación en Europa”. Periódico de la Energía. https://elperiodicodelaenergia.com/el-bce-advierte-que-los-altos-precios-de-la-energia-van-para-largo-y-generaran-mayor-inflacion-en-europa/

“Statistical review of World energy 2021”. BP. 2022

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/oil-gas-and-coal-trade.html

“Sistema de índices de precios mayoristas”. (Julio de 2022). Instituto Nacional de Estadística y Censo.

/https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipm_08_229AAF32CBEC.pdf

Rojo, J. (Julio de 2022). “Informe de Tendencias Energéticas”. Instituto Argentino de la Energía.

https://www.iae.org.ar/wp-content/uploads/2022/08/Informe-de-tendencias-IAE-Mosconi.-Jul-2022.pdf

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Desarrollo Económico e Innovación Observatorio

Cadenas de Valor Agroalimentarias: una oportunidad para la economía argentina

Por: Florencia Carreño

A partir de la liberalización del mercado internacional en los años 70, se intensificaron los intercambios comerciales y financieros a nivel global. Esto representó una oportunidad de inserción para los diferentes países en el mercado internacional, aprovechando sus recursos y desarrollo económico productivo para integrarse en las cadenas agregadas de valor. El desafío fue y sigue siendo decidir en qué productos especializarse. La principal disyuntiva históricamente oscila entre el desarrollo de la industria manufacturera o del sector agroalimentario, también llamado primario.

El posicionamiento de un país en el comercio internacional puede comprenderse observando la composición de la matriz exportadora. Según los datos publicados por el INDEC, en el 2021 las exportaciones argentinas estuvieron compuestas principalmente por; productos vegetales (25,37%), productos de las industrias alimentarias (19,95%) y grasas y aceites animales y vegetales (11,16%).

Naturalmente, las condiciones geográficas de la gran mayoría de los países de América Latina favorecen la producción de este tipo de productos como la soja, el maíz y el trigo. Son estas ventajas comparativas naturales las que históricamente inclinaron la especialización de nuestro país agroexportador. 

Sin embargo, hoy en día esto no es solo debido a las condiciones nativas de nuestro territorio. A partir de los años 90 la productividad de las tierras pampeanas se vieron potenciadas por la inclusión del paquete tecnológico, introducido por grandes empresas multinacionales con insumos como; semillas transgénicas; sistemas de riego irrigado y nuevos fertilizantes, que permitieron también incorporar al sistema productivo tierras antes consideradas marginales, con menores dotes para la producción agrícola. Hoy en día el sector dista bastante de la concepción de que la agricultura está tecnológicamente rezagada, con escasa innovación y que no genera buenos ingresos para la población. 

Ahora bien, esta disyuntiva está en vista de la agenda del gobierno y el sector privado porque es a través de las exportaciones la forma en la que se registran ingresos de divisas, esenciales para sostener la importación de bienes, la credibilidad del tesoro nacional y la recurrente deuda externa. Es por eso que cualquier cambio que afecte este sistema, puede representar un giro vertiginoso en el sostén de las finanzas públicas y la disponibilidad de divisas en el mercado interno.
En el 2021 se registró un ingreso de 77.934 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron los 63.184 millones. El carácter de las importaciones también arroja una clave sobre la estructura productiva nacional. En el mismo informe del INDEC; para el 2021 se registraron niveles de importación mayormente compuestos por máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes (25,6%).

Es notable a primera vista la diferencia entre las ganancias que se podrían alcanzar siguiendo un esquema industrial especializado, como el de Alemania, en contrapartida del agroexportador de productos primarios debido a los precios y márgenes que ponderan ambos casos.

Aún así, por más de que el resultado en el presente año sea superavitario, no es lo suficientemente voluminoso como para resolver los problemas en agenda del Tesoro Nacional. La solución podría encontrarse en la disminución de los egresos de divisas o pagos de intereses de deuda o bien aumentar los ingresos de las mismas a través del canal comercial. 

La primera opción solo deterioraría la situación ya que renunciar al financiamiento y compra de insumos para la producción nacional significa profundizar aún más la brecha entre Argentina y los países con mayor avance en la escala del desarrollo en sus estructuras productivas.

Queda entonces la opción de aumentar los ingresos de dólares mediante exportaciones, que podría darse a través de un aumento de la producción agropecuaria, la cual se ha estado dando continuamente con las implementaciones tecnológicas mencionadas, o más bien cambiando la composición de la matriz. Sin duda, la opción más interesante para fortalecer la competitividad en el mercado internacional es la inserción de Argentina en las cadenas de valor agroalimentarias globales (CAA), integrando a su vez las diferentes regiones productivas interiores.

Estas cadenas son actividades coordinadas de producción y adición de valor necesarias para elaborar productos alimentarios de manera descentralizada en una escala internacional (FAO,2022). Si bien ya se registran casos de pequeñas empresas (PyMEs) que optaron por profundizar el desarrollo y sofisticación del valor agregado de sus productos, la oportunidad es aún incipiente para la totalidad de la economía. El objetivo es entonces modernizar, industrializar y desarrollar el procesamiento industrial de esta materia prima agrícola a través de variadas estrategias de diferenciación y mejoras de atributos como gusto, tamaño, refinamiento y certificados ambientales. Esto significa que es preferible exportar productos diferenciados con un mayor valor de elaboración que los commodities, insumos meramente direccionados a la producción industrial. Ejemplos de estos productos que permiten posicionarse mejor en el mercado son los aceites refinados, los vinos varietales (producidos con una sola variedad de uva), los productos orgánicos (snacks, congelados, dulces) y hasta incluso comidas kosher (Alvarado Ledesma, 2004).

Estos productos requieren un mayor procesamiento que solo la cosecha y empaquetado, como más bien se viene practicando hasta el momento, pero nos asegurarían un mayor ingreso de divisas fruto de una mayor demanda internacional de productos de calidad superlativa con mejor posicionamiento. Esta industrialización intermedia en las cadenas de valor agroalimentarias representa un esfuerzo y desafío para el escenario en el que nos encontramos, ya que se requiere un trabajo de integración regional continua e inversión constante en sus diversos eslabones.

Una de las características de las CAA es que tienen una importante cobertura geográfica nacional, y son un motor fundamental de equidad territorial (Bisang, 2015). El 74,6% de la actividad se encuentra concentrada en Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba y Entre Ríos. El objetivo es entonces superar esta heterogeneidad entre las distintas provincias, potenciando las economías regionales según sus características naturales. Según Eric Parrado, Economista en Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, un elemento muy importante y atractivo del sector de agronegocios es su capacidad de integrar  en  las  cadenas  de  valor  modernas  a  los  pequeños  productores,  muchos  de ellos de comunidades indígenas o de la agricultura familiar campesina.  Para ello se deben desarrollar y proveer las herramientas, insumos y maquinarias necesarias, además del sistema de transporte para asegurar la oferta en distintos centros de consumo y distribución. Se necesita tanto apoyo del sector privado como del público para coordinar la construcción de este nuevo sector.

Teniendo en cuenta que las cadenas de valor agroalimentario representan la mayoría de las exportaciones argentinas, esta es una oportunidad excelente para potenciar en el corto o mediano plazo los ingresos de divisas necesarios para sustentar el crecimiento y desarrollo de la estructura productiva. La opción más eficiente ya no es la transformación estructural hacia una industria manufacturera, sino que hay un escenario intermedio, que es la integración a las CAA mediante la tecnificación del sector agropecuario, que ofrece un futuro prometedor. Queda entonces pendiente, para el largo plazo, una futura industrialización y tecnificación profunda que permita fomentar el ingreso de divisas a través del descenso del peso en las importaciones en nuestra balanza comercial. Esto requeriría inicialmente de un mayor ingreso de divisas para financiar el crecimiento industrial, que serían alcanzadas a través del nuevo esquema coordinado con las CAA.

Bibliografía

  1. INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2022, 18 agosto). INDEC – COMEX Argentina [Conjunto de datos]. https://comex.indec.gob.ar/_ga=2.195479724.1044412544.1660843591-530854430.1626364128#/products
  2.  ¿Qué es el desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles? (s. f.). FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Recuperado 18 de agosto de 2022, de https://www.fao.org/sustainable-food-valuechains/what-is-it/es/
  3.  Alvarado Ledesma, M. (2004). Agronegocios – Empresa y emprendimiento. El Ateneo.
  4. Secretaría de Agroindustria. (2015). CADENAS DE VALOR AGROALIMENTARIAS EVOLUCIÓN Y CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL SIGLO XXI. https://www.institutoideas.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/Cadenas-Agroalimentarias-en-Arg.pdf
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Desarrollo Económico e Innovación Observatorio Sin categoría

Cuentas federales y asimetrías regionales

Argentina es característica por sus asimetrías regionales y las cuentas federales reproducen estas desigualdades mediante diversos mecanismos. La generación de riqueza por provincia y el esquema de distribución de los fondos federales son temas que, aunque ocupan un lugar importante en el debate público, carecen de investigaciones respaldatorias. Un eje fundamental en esta discusión es el lugar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su reducido tamaño, su alta volatilidad demográfica y la total integración al conglomerado urbano del área metropolitana complican la seriedad de sus datos al compararlos con el resto de las unidades subnacionales. La presente investigación busca contribuir a la discusión sobre el rol del distrito capital en las cuentas federales y las asimetrías regionales, a partir de datos sobre la composición del producto provincial, la localización de la administración pública nacional y la distribución geográfica del gasto estatal.

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Desarrollo Humano Observatorio

Crisis habitacional en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un gran dinamismo producto de ser la principal jurisdicción receptora de migrantes del país. La gran densidad poblacional, sumado a las condiciones de inestabilidad económica del país producen que la situación habitacional esté atravesada por grandes complejidades. En este informe se analiza el déficit habitacional y los problemas que surgen en torno al mercado inmobiliario.

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La fractura Atlántico-Pacífico: las diferencias de la Alianza del Atlántico y el Mercosur

En este informe se analizará comparativamente los dos bloques regionales más importantes de Sudamérica, la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR. Primero, se hará una introducción y desarrollo de ambos bloques para luego pasar a la comparación de sus distinta s dimensiones. En este caso se focalizará en las dimensiones diplomáticas, institucionales y comerciales. Siendo estas desarrollados a lo largo de este trabajo y observando las similitudes y diferencias entre los mismos. Todo esto con el objetivo de observar cómo se construyen y mantienen los dos principales bloques regionales del continente sudamericano, encontrándose uno del lado del Océano Atlántico y el otro del Pacífico.

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Desarrollo Humano Observatorio

Evolución del presupuesto y sus resultados académicos

En nuestro país año tras año diferentes políticos entran en una puja para hacer sobreponer sus intereses en el debate de una ley de gran importancia: la ley de presupuesto. Esta ley es esencial porque en ella se decide de qué manera se repartirá el dinero que entra al país para satisfacer las necesidades de la población. Cuánto se le destina a un área en particular es reflejo del nivel de prioridad que le asigna a ese asunto, ya que con una mayor cantidad de recursos se pueden llevar a cabo más programas para mejorarlo. Por esta razón, en este artículo se analiza cuánto se le asignó al área de educación desde el 2006, ya que ese año marca un hito en materia de presupuesto educativo porque se puso práctica Ley de Financiamiento Educativo N 26.075. Además, se busca evaluar si un mayor importe presupuestario ha tenido algún impacto en los niveles educativos de los alumnos. 

La Ley de Financiamiento Educativo No 26.075, sancionada en 2005, estableció alcanzar la meta de inversión del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, ciencia y tecnología para el año 2010. Esta ley buscaba establecer un piso mínimo de inversión conjunta entre el gobierno nacional y los subnacionales para lograr los siguientes objetivos:  garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación científico-tecnológica. 

El articulo 4 de la Ley preveía un esfuerzo conjunto sostenido de nación y las provincias para llegar al 2010 con un 6% de inversión del PBI en educación. En términos de gasto como porcentajes del PBI se ve un claro aumento hasta 2009, con un crecimiento similar al que se planteaba en la ley (un 0,3% anual), pero con una disminución de medio punto porcentual en 2010. La inversión en términos reales en educación no tiene una caída en 2009 a pesar de la caída real que hubo en la economía, por esta razón ese mismo año el gasto público en Educación en porcentaje del PBI es alto (=5,53%). Al año siguiente si hubo una caída importante en el gasto en términos del PBI, pero lentamente vuelve a incrementar hasta llegar a su pico máximo en 2015 (=5,78%). 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Gasto público en educación, total (% del PBI) del Banco Mundial. Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Lo que se observa es que a partir del 2015 la situación comienza a empeorar, hay una tendencia decreciente en el porcentaje de inversión en educación en el PBI. Entre la crisis económica del 2018 y la que se desató en 2020 por la pandemia, se puede observar que el objetivo de un 6% quedó cada vez más lejos. En este sentido, es crítico si se piensa lo produjo la pandemia en la educación: una desconexión, en principio solamente física, entre el sistema educativo y los niños, pero que terminó con un millón de chicos que quedaron totalmente fuera del sistema. 

Aun así, este período trajo algo beneficioso para la educación, esto es, una mayor visibilidad en la agenda del país. En el período de pandemia se crearon redes de padres por la educación, los políticos formularon posturas sobre este tema, la población se movilizó, y los medios le dieron aire a esta problemática. Esta visibilidad permitió que a fines 2021, cuando se creó el presupuesto para el año siguiente, que planteaba una caída de 6,2% en relación con el año anterior, no pase desapercibido y termine siendo modificado. 

El desempeño académico de los alumnos es producto de múltiples factores: la situación económica de la familia, el estado emocional del niño, la relación profesor- alumno, etc. Es de nuestro interés analizar si se encuentra algún patrón entre los niveles de inversión y los resultados educativos. Hay dos cuestiones estructurales que permiten analizar esta relación en Argentina: el primero, las provincias aportan alrededor del 70% de los fondos que reciben los alumnos en sus provincias y el segundo, hay 24 jurisdicciones en el país. Para medir resultados educativos utilizamos las pruebas aprender que son el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, las cuales se llevan a cabo desde 2017 en todo el país. Hay una gran diversidad de resultados que se obtienen entre las provincias, para simplificar el análisis seleccionamos Chaco y CABA porque son las que produjeron los peores y mejores resultados respectivamente[i] para analizar si es posible identificar alguna covariación entre la inversión y desempeño académico de los alumnos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 88% de los alumnos tuvieron un desempeño satisfactorio y avanzado en Lengua, y un 75% en Matemáticas. Por otro lado, Chacho solo alcanzó el 60,8% y 45% respectivamente.

Para analizar el presupuesto se debe empezar descomponiéndolo, debemos preguntarnos ¿hacia dónde va el presupuesto educativo?  Se encuentra que el gasto en educación universitaria va casi completamente a salarios, a diferencia del gasto en educación básica, que se distribuye en tres sectores diferentes: salarios, programas e infraestructura (Argentinos por la educación, 2019). El gasto salarial, es un gasto fijo que tiene el ministerio de educación, y en Argentina su aumento bruto está generalmente relacionado con los niveles de inflación. Por esta razón, es significativo analizar particularmente el gasto destinado en infraestructura y programas particulares ya que son gastos que varían y que necesariamente tienen detrás una decisión intencionada. Debido a que la composición presupuestaria varía año a año, se puede analizar comparativamente el presupuesto en educación básica. Si miramos 2015, se lo puede interpretar como un buen año ya que no solo hubo mucha inversión en educación (en comparación con otros años), sino también que la mayor cantidad de la inversión estuvo en programas e infraestructura, mientras que solo el 25% fue destinado a salario. Por el contrario, en 2008 alrededor del 60% del presupuesto fue destinado a salarios y el restante quedó para otros programas (Argentinos por la educación, 2019). 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del gasto en educación por jurisdicción clasificado por objeto del gasto y por nivel educativo. Años 2001-2018. Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo. CGECSE. 

Antes de hacer la comparación entre las provincias debe remarcarse que son unidades subnacionales con características muy distintas. En Chaco el 80% de la población reside en zonas rurales donde el estado tiene mayor dificultad para penetrar esas áreas, a diferencia de CABA, donde toda su población es urbana. Además, tienen niveles de pobreza también muy distintos, para 2020 en CABA el porcentaje de pobreza es 17,4%, mientras que en Gran Resistencia el número ascendía a 48,7%. Es importante destacar este aspecto porque se ha comprobado que la pobreza influye sobre el rendimiento académico de los chicos. Los niños en situación de pobreza que sufrieron desnutrición en la primera infancia pueden sufrir de impedimentos en el desarrollo conductual y cognitivo. A su vez, aquellos con mayores niveles de pobreza sufren déficits en la memoria del trabajo verbal y visual, probablemente a causa de altos niveles de estrés. A pesar de esto, aun discriminando por estrato socioeconómico, los alumnos de CABA tienen mejor rendimiento que los de Chaco (Argentinos por la educación, 2019). 

En términos de inversión educativa ambas provincias aumentaron sus esfuerzos desde el 2006, pero se pueden resaltar dos cuestiones en la comparación entre las provincias. En primer lugar, en CABA se gasta más por alumno de gestión estatal que Chaco: si miramos datos del 2018, en un alumno estatal que reside en CABA se invierte $ 92.252 a diferencia con un alumno de Chaco que se invierte $ 52.763. Asimismo, CABA gasta en promedio 10% menos en personal docente estatal, y re direcciona gran cantidad de esos fondos a escuelas privada. Aun entendiendo que el desempeño académico es producto de múltiples factores estructurales y no estructurales observamos una relación con inversión. Al comparar la inversión estos dos casos extremos de niveles de desempeño, a priori, a mayor inversión por alumno, mejores resultados académicos. Para mejorar evidencia de esta relación debería extenderse el análisis a todas las provincias del país. 

En conclusión, la inversión real y porcentual en términos de PBI está en disminución. También, se pudo observar comparando a CABA con Chaco que hay, en principio, una correlación entre inversión y desempeño, esta relación debería ser estudiada más en profundidad tomando a todas las unidades subnacionales del país para extraer conclusiones más robustas. A modo de reflexión, se debería aprovechar la ventana de oportunidad que abrió la pandemia para mantener la educación en la agenda pública, y exigir retomar las metas presupuestarias establecidas en 2006 y la creación de políticas concretas que tengan como objetivo una mejora en el desempeño de los alumnos. Además, hemos de destacar que los factores estructurales juegan un papel importantísimo para determinar los niveles de aprendizaje, por esta razón no se podrán cerrar brechas educativas sin cerrar otras brechas antes, como la económica. 

Referencias bibliográficas

Argentinos por la Educación. (2021). ¿Cuál es el lugar de la educación en el proyecto de Presupuesto Nacional 2022?

Argentinos por la Educación. (2019). ¿Cómo y cuánto se invierte en la educación argentina?

Argentinos por la Educación. (2019). ¿Cómo evolucionaron los resultados de las provincias en las pruebas Aprender?

Información Legislativa. (21 de Diciembre de 2005). Ley 26.075. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/112976/norma.htm